¿Qué ha pasado con el caso Almería? ¿Por qué ya no se habla de él? ¿Hay víctimas de primera y segunda categoría? ¿Qué aspectos de la transición quedaron evidenciados con este triple asesinato? Son muchas preguntas para tratar de responderlas y una respuesta en profundidad llevaría bastante tiempo. Pero apuntar algunas pistas es algo que hace este ensayo muy bien.
El objetivo de este libro es dejar constancia de lo que ocurrió después, pero no encontraremos aquí un relato ni una cronología de los asesinatos. En concreto, se centrará en cómo se ha llegado a la situación de olvidar lo ocurrido.
Quien no sepa qué ocurrió debe retroceder a 1981. En ese año tres jóvenes que residían en Cantabria viajan a Almería a la comunión del hermana de uno de ellos. Aunque vivían en Cantabria por motivos laborales, sólo uno era de allí. Durante su viaje, la banda terrorista ETA atenta contra un mando de la Guardia Civil, asesinando a sus acompañantes y dejándolo a él herido de gravedad. Los tres jóvenes, en su camino hacia Almería, deben alquilar un coche en la provincia de Ciudad Real, porque el suyo se ha averiado. Es en esta provincia cuando son denunciados por un vecino de la localidad donde han alquilado el coche, confundiéndolos con etarras. Los tres llegaron a Almería de madrugada y durante la tarde del día siguiente, fueron detenidos en el municipio de Roquetas de Mar (Almería) y llevados a una localización desconocida. Al día siguiente sus cadáveres son encontrados en un coche ardiendo en la carretera de Gérgal (Almería). Además de varias heridas de bala de trayectoria inexplicable, a varios cadáveres les faltan piernas y brazos. No hay fotografías del suceso tomadas por la Policía, no se sabe dónde fueron llevados ni qué pasó durante esas horas, no se sabe bajo qué cargos se los detuvo, no se sabe hacia dónde iban por la carretera de Gérgal. Sólo tres cadáveres mutilados y calcinados.
En 1981 la Constitución de 1978 todavía no ha cumplido su tercer año de vigencia. Los jueces, funcionarios y policías que formaban parte de las estructuras del Estado fascista de Franco no se han jubilado todavía. La Transición todavía no se ha dado por concluida, puesto que gobiernan los herederos del régimen, la UCD (Unión de Centro Democrático; partido formado por Suárez, quien había ocupado varios cargos políticos y administrativos con Franco). Un cuerpo que había sido usado para la represión, la Guardia Civil, seguía funcionando con las lógicas de la dictadura. Pero la dictadura, oficialmente, acabó con la destitución de Arias Navarro, empezando la Transición en 1976. España era muy distinta en ese momento, pero nada justifica la brutalidad de los hechos. Ni siquiera cuentan con una explicación mínimamente coherente.
Para que operara el olvido sobre esta brutalidad, el ensayo recoge varios testimonios que dan algunas claves al respecto. Señala por un lado que a los periodistas que cubrieron los acontecimientos y el juicio se les vigiló. Sus crónicas fueron mandadas a la jefatura de la Guardia Civil en Madrid y desde allí se supervisaba lo que se podía publicar y lo que no. También, en palabras del mismo periodista, la estrategia de la Guardia Civil consistió, más que en desestimar las pruebas de la acusación o de quien fuera, en fabricar pruebas falsas.
El abogado contratado por la familia de Juan Mañas (uno de los asesinados y procedente de Almería) denuncia que intentaron ponerle una bomba en el coche y que recibió numerosas amenazas. Además afirma que durante el juicio no se le permitió hacer una reconstrucción de los hechos ni solicitar una autopsia realizada por otros profesionales que no trabajaran para la justicia española.
Cuando el asunto se trató en las Cortes no tuvo tampoco un gran recorrido. El ministro de Interior de UCD, Rosón, responde a las preguntas sobre qué a ocurrido, cómo ha ocurrido y por qué ha ocurrido, manteniendo la versión de la Guardia Civil (aunque unos días antes, en un acto en Granada, planteara la posibilidad de que la actuación de la Guardia Civil podría ser fruto de un error). Antes se había registrado una pregunta por escrito para que se respondiera acerca de la actuación de la Guardia Civil.
En 1985, el ministro de Interior del PSOE, Narcís Serra, es preguntado acerca de las penas que debían cumplir tres de los once guardias implicados en los asesinatos (a los otros ocho implicados o no se los juzgó o no se los condenó). Los tres guardias condenados debían haber entrado en dependencias penitenciarias ordinarias (esto es, las cárceles habituales) en 1983, pero la Guardia Civil desoyó el mandato judicial durante dos años, al menos. Hasta 1985 los condenados estuvieron retenidos, cuando lo estuvieron, en cárceles militares. Pero esto no era posible, ya que habían perdido la condición militar.
En 1989 vuelve a preguntarse lo mismo al PSOE, sin obtener ninguna respuesta clara.
En 2015, el Diario de Almería publica una noticia en la que informa de unos pagos a los guardias condenados en los tres asesinatos a coste de los Fondos reservados de la Guardia Civil. El diputado Jon Iñarritu, de Amaiur, pregunta por estas cuestiones, recibiendo como respuesta por el Gobierno de Rajoy que dada la antigüedad de lo ocurrido, desconocen qué ocurre (número de registro 184/073404).
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| Portada del libro |
Quien más éxito ha tenido ha sido el Colectivo Desmemoriados. Han conseguido que el Parlamento de Cantabria realizase una declaración institucional leyendo un texto de reconocimiento redactado por dicho colectivo y que se recuerde la barbarie que ocurrió en 1981.
El acto final, por ahora, de todo esto, ocurrió en 2023, cuando el Secretario de Estado de Memoria Democrática reconoció la dejación por parte del Estado y los daños causados. Los padres de los jóvenes asesinados no han sobrevivido para recibir este pequeño reconocimiento. La sociedad, en su conjunto, desconoce estos hechos y, por tanto, la reparación queda en la esfera de lo privado, dado que difícilmente trasciende a los implicados y a quienes siguen luchando para conseguir una reparación.
Hasta ahora no ha habido restitución del daño, sólo un rápido reconocimiento. Los culpables no han cumplido las sentencias tal y como fueron dictadas. Y de once implicados, sólo tres fueron juzgados y condenados. Seguramente los tres estén muertos, o si no, nada se podrá hacer ya por su vejez. Este caso muestra a qué extremos ha llegado el Estado en su celo represor y deja la pregunta en el aire de qué ocurriría si estos eventos se repitieran. El libro afirma que sería mucho más difícil, dada la extensión de la cultura democrática y de las posibilidades de recabar información (mediante fotografías o vídeos).
Y con toda seguridad eso es cierto. Como tan cierto es que se haría todo lo posible para evitar que salieran a la luz. Y, en el caso de que lo hicieran, entonces se haría que perdieran la nitidez de las pruebas difuminándolas con miles de historias contrarias que buscarían enturbiar la realidad hasta que el suceso perdiera relevancia y se olvidara.
Otra cuestión es la democratización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una tarea que aún no se ha completado. Pero eso para otra entrada.
Imágenes:
1ª: eldiario.es
2ª: Librería Atrapasueños
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